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La Cámara Federal rechazó el planteo de un particular contra el archivo de la denuncia por los viajes al exterior de Javier Milei. Como tampoco le reconoció legitimación para intervenir como querellante, no examinó su pedido de reabrir la investigación y el expediente quedó cerrado.
La presentación fue realizada por Javier Adrián Garín y apuntó a posibles delitos de malversación de fondos públicos, peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario. Luego se amplió contra Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, por su participación en la organización de los viajes. El denunciante sostuvo que algunos desplazamientos, en especial a España y Estados Unidos, respondían a actividades personales o políticas y no a la representación oficial del país.
La jueza María Servini archivó la causa en mayo, luego de que el fiscal Carlos Rívolo pidiera esa medida. La investigación preliminar había requerido a la Secretaría General de la Presidencia un detalle de los viajes, sus motivos y sus participantes, y a la Cámara de Diputados información sobre pedidos de informes. Según el artículo, la respuesta del Gobierno clasificó todos los viajes como oficiales; el fiscal consideró que los datos reunidos no permitían advertir un posible delito.
Garín apeló y argumentó que, como contribuyente, tenía derecho a cuestionar el uso de fondos públicos, además de señalar un posible incumplimiento de la decisión administrativa 9/2026 sobre el tamaño de las comitivas. Los jueces Eduardo Farah y Roberto Boico concluyeron que la condición de ciudadano que paga impuestos no alcanza para ser querellante: exigieron acreditar un perjuicio concreto y directo. Al quedar afuera del expediente, el denunciante no obtuvo una revisión judicial de sus argumentos sobre el carácter de los viajes. La resolución, por lo tanto, confirmó el cierre procesal de la denuncia, sin que la Cámara analizara el pedido de reapertura.
