La Cámara de Diputados no pudo iniciar la sesión convocada para el mediodía por su presidente, Martín Menem. Se presentaron 126 legisladores, tres menos que los 129 requeridos para habilitar el debate, por lo que la reunión se cayó antes de tratar los proyectos previstos. El resultado dejó sin discusión, en esa sesión, las iniciativas incluidas en el temario.

Entre los asuntos centrales figuraban la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocida como Ley Malvinas, y una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Los cuestionamientos al proyecto sobre Malvinas se concentraban, según el reporte, en disposiciones penales relacionadas con la injerencia extranjera y la libertad de expresión. La falta de quórum impidió que la Cámara debatiera esas propuestas.
Antes de la sesión, el Gobierno confiaba en reunir apoyos para aprobar en general la iniciativa sobre Malvinas tras introducir cambios al texto. Sin embargo, todavía persistían diferencias sobre qué organismo coordinaría las políticas estratégicas y sobre las sanciones por injerencia extranjera. La planificación contemplaba una reunión de 13 horas, pero la ausencia de diputados de Provincias Unidas y del MID impidió que comenzara.
El temario también contemplaba acuerdos para transferir a la Ciudad de Buenos Aires competencias judiciales vinculadas con delitos de menores y contra la integridad sexual, además de un convenio de libre comercio entre el Mercosur y los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio, y una enmienda al Protocolo de Montevideo. Ninguno de esos asuntos pudo avanzar en la sesión caída.
Antes del inicio previsto, el diputado de Unión por la Patria Jorge Taiana cuestionó que la Ley Malvinas reuniera en una sola norma medidas sobre la explotación de recursos naturales en las islas y la creación de un Consejo Nacional de Seguridad. También objetó el diseño de ese organismo y lo vinculó con el acuerdo firmado por la Argentina con Estados Unidos para integrar el Escudo de las Américas. Taiana sostuvo que el esquema podía afectar la autonomía y la defensa nacional, y criticó que las empresas pudieran evitar sanciones si se comprometían a no repetir una infracción.
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